Oaxaca trabaja, pero sin derechos: 8 de cada 10 personas trabajan en la informalidad
Aunque Oaxaca registra una de las tasas de ocupación más altas del país, el 80.1 por ciento de su población trabajadora lo hace en la informalidad, sin seguridad social ni prestaciones
Miguel Ángel Maya Alonso
Oaxaca enfrenta uno de los escenarios laborales más precarios del país. Aunque la entidad aparece con una de las tasas de ocupación más altas, 98.3 por ciento de personas en edad productiva tienen algún tipo de trabajo, el dato revela una realidad profundamente desigual: el 80.1% de la población ocupada trabaja en la informalidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI correspondiente al tercer trimestre de 2025.
Esto coloca a Oaxaca entre los estados con mayor informalidad laboral, junto con Guerrero (77.2 por ciento) y Chiapas (77 por ciento), muy por encima del promedio nacional de 55.4 por ciento. En contraste, entidades como Coahuila, Nuevo León y Chihuahua registran niveles de informalidad por debajo del 36 por ciento, lo que evidencia una brecha estructural en las oportunidades laborales del país.
La encuesta señala que, si bien Oaxaca tuvo incrementos en población ocupada dentro de los sectores de comercio, transporte, restaurantes y manufactura, gran parte de esos empleos se mantienen sin contrato, sin seguridad social y con ingresos insuficientes. La población subocupada, personas que necesitan trabajar más horas para completar un ingreso mínimo, representa el 7.2 por ciento, ligeramente menor que el año anterior, pero aún elevada.
Además, Oaxaca figura entre las ciudades con niveles más altos de ocupación en condiciones críticas , indicadores que combinan salario, estabilidad laboral y horas trabajadas. Esto significa que, aunque la gente trabaja, lo hace en contextos que no garantizan bienestar ni movilidad social.
Los resultados de la ENOE confirman una tendencia histórica: Oaxaca no sufre por falta de empleo, sino por la falta de puestos formales y dignos. La precariedad laboral se mantiene como uno de los principales desafíos económicos y sociales del estado.
