¿Qué hacen los diputados después de pedir el voto? Una parte de la respuesta tendría que encontrarse en las propuestas que presentan y en su participación en las sesiones. Al revisar esos registros del Congreso de Oaxaca, El Pájaro Vaquero encontró nombres que aparecen mucho menos que otros. Adán José Maciel Sosa, Oliver López García y Mauro Cruz Sánchez ocupan los últimos lugares del índice de actividad legislativa registrada elaborado por este medio.
Maciel obtiene 1.8 puntos sobre diez; Oliver, 2.9, y Mauro, 3.4. La comparación reúne registros de iniciativas, puntos de acuerdo y asistencia publicada al pleno. No describe todo lo que hace un diputado, pero sí permite mirar una parte concreta de su trabajo y preguntar por qué algunos tienen una presencia tan reducida en ella.
El caso más marcado es el de Maciel. Durante el primer año examinado, su nombre no aparece como proponente de iniciativas ni de puntos de acuerdo dentro de la base que pudo puntuarse. En el segundo periodo revisado aparece en dos iniciativas y en ningún punto de acuerdo. Son los registros encontrados bajo las reglas de esta investigación; no una afirmación de que nunca haya trabajado o participado en otras funciones.
Maciel dos iniciativas en el segundo periodo y ninguna en el primero
Una iniciativa propone crear o modificar una ley. Un punto de acuerdo sirve, entre otros fines, para plantear una petición o un exhorto: no es lo mismo proponer un cambio legal que pedirle a una autoridad que atienda un problema, y ninguna de esas acciones garantiza por sí sola que el problema se resuelva.
En el primer año, la matriz utilizada para Maciel registra 79 asistencias, 19 inasistencias y 17 permisos. En el segundo parcial son 67 asistencias, 13 inasistencias y 14 permisos. Los permisos se mantienen separados: no se presentan como faltas injustificadas.
Su resultado no se explica solamente por cuántas veces acudió. La fórmula da mayor peso a las propuestas registradas y, en el primer año, no encontró ninguna atribuible a su nombre dentro de los folios puntuables. Estar presente en las sesiones es una dimensión del trabajo; la escasez de propuestas es otra que no debería quedar escondida detrás de una cifra de asistencia.
Las dos iniciativas del segundo periodo no se convierten automáticamente en dos proyectos completos de autoría personal. Cuando un documento tiene varias firmas, el método reparte el crédito entre quienes aparecen. Esa regla se aplica por igual a los 42 nombres.
Los dos folios que sí aparecen a nombre de Maciel
Los documentos permiten pasar de la puntuación al expediente. El registro 936, fechado el 25 de noviembre de 2025, identifica a Adán José Maciel Sosa como proponente de una reforma a la Ley Orgánica Municipal. El 1319, del 17 de marzo de 2026, lo incluye junto con Antonia Natividad Díaz Jiménez, César David Mateos Benítez, Israel López Sánchez y Javier Casique Zárate en una propuesta de cambios a la Ley Estatal de Planeación.
En la consulta del portal del Congreso del Estado de Oaxaca, ambos renglones aparecen como aprobados.
El primer folio aporta una unidad de crédito a Maciel; el segundo, una quinta parte, porque contiene cinco nombres. De ahí salen las 1.2 unidades de iniciativa del segundo periodo. La cifra no significa que exista una iniciativa partida físicamente: es una regla para repartir el reconocimiento de una firma compartida.
La crítica documentada es más precisa que un descalificativo: dentro del universo que se pudo atribuir por nombre, no aparece con propuestas puntuables en el primer año y solo figura en esos dos registros en el segundo parcial. La explicación sobre esa escasa presencia no está en la base de datos. Requiere que el legislador detalle su trabajo y aporte los documentos que permitan contrastarlo.
Oliver y Mauro también quedan en la parte baja
Oliver López García aparece en cuatro iniciativas del primer año y cinco del segundo parcial. En puntos de acuerdo registra cuatro y cinco, respectivamente. Sus resultados anuales son 2.7 y 3.0; el índice conjunto queda en 2.9.
La matriz consultada le atribuye 78 asistencias, nueve inasistencias y 28 permisos en el primer periodo. En el segundo parcial son 65 asistencias, 17 inasistencias y 12 permisos. Un permiso no demuestra por sí solo desinterés: hace falta conocer su causa. Lo que sí deja esta revisión es una pregunta documentada sobre la combinación de participación y propuestas que explica su bajo resultado.
Mauro Cruz Sánchez aparece en cinco iniciativas y nueve puntos de acuerdo en el primer año; en el segundo parcial, en cuatro iniciativas y tres puntos. Su índice conjunto es de 3.4. Aunque sus matrices registran 107 y 85 asistencias en cada periodo, esa presencia no lo coloca entre quienes reúnen mayor actividad propositiva bajo el método utilizado.
El contraste obliga a mirar más allá de la fotografía de una sesión o de la difusión de actividades. La evaluación pública necesita documentos que permitan distinguir entre acudir, firmar una propuesta y lograr un cambio.
Los permisos que una cifra de asistencia puede esconder
Oliver acumula 40 permisos publicados entre ambos periodos: 28 en el primero y 12 en el segundo parcial. Además, las matrices registran 26 inasistencias en conjunto. Son categorías diferentes y no deben sumarse para afirmar que tuvo 66 faltas injustificadas. El expediente no contiene una comprobación de las causas de cada permiso.
La distinción tiene una consecuencia en la puntuación. Al calcular asistencia, el método toma las veces que aparece presente y las divide entre asistencias más inasistencias. Los permisos quedan fuera de esa división. Por eso un porcentaje de asistencia, leído solo, puede dar una imagen incompleta de cuántas sesiones tuvieron una participación registrada de la persona.
Esto no convierte un permiso en una irregularidad. Sí vuelve necesario que las razones sean consultables para quienes quieran revisar la actividad de su representante. Una ausencia por enfermedad, una comisión oficial o cualquier otra causa documentada no puede juzgarse sin conocer el respaldo. La tabla conserva los permisos precisamente para que no desaparezcan detrás del promedio.
Maciel reúne 31 permisos en las dos ventanas y Mauro, diez. Esos totales describen las marcas guardadas en la investigación, no una auditoría de sus justificaciones. La rendición de cuentas exige poder revisar tanto el registro como la explicación, sin atribuir un motivo que los documentos no revelan.
Mauro registra más exhortos que iniciativas
En el conjunto de los dos periodos, Mauro aparece en nueve iniciativas y 12 puntos de acuerdo. Es un perfil distinto al de Maciel: aquí sí hay una presencia mayor en peticiones o exhortos, aunque el resultado conjunto siga entre los más bajos. Decir únicamente que obtuvo 3.4 dejaría fuera esa diferencia.
La fórmula asigna mayor peso a las iniciativas que a los puntos de acuerdo. Por ello, presentar más exhortos que reformas influye en el resultado. Esa prioridad es una decisión de este ejercicio: permite observar actividad propositiva legal, pero no prueba que todos los exhortos sean menos útiles que cualquier reforma.
Hay asuntos concretos para dar seguimiento. El folio 650, del 5 de agosto de 2025, registra una iniciativa de Mauro sobre el artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal. En la consulta del portal para esta ampliación aparece en estudio. El 1323, del 17 de marzo de 2026, lo identifica junto con Antonia Natividad Díaz Jiménez en cambios a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; también figura en estudio.
Esos estados abren preguntas sobre el trámite, pero no permiten responsabilizar exclusivamente al proponente. Una iniciativa pasa por comisiones y decisiones colectivas. Para saber por qué no avanza habría que seguir los turnos, dictámenes y acuerdos correspondientes. El índice cuenta la propuesta publicada; no reparte de manera automática la responsabilidad por su destino.
Diputados con negro historial
Oliver es uno de los legisladores oaxaqueños con más escándalos fuera del Congreso. El caso más documentado públicamente es el de señalamientos de acoso laboral, misoginia y nepotismo. En noviembre de 2025 circularon convocatorias en redes del diputado que buscaban exclusivamente mujeres de 23 a 30 años con “buena presentación” para puestos en su equipo (secretaria, perfiles de comunicación, administración, ingeniería, etc.). El episodio generó indignación y fue calificado por medios y colectivas como cosificación y posible acoso desde el poder. El gobernador Salomón Jara Cruz lo reprobó públicamente en conferencia y recordó que los diputados no gozan de fuero. Diputadas locales (incluidas de su propio grupo) expresaron rechazo y señalaron que, sin denuncia formal y sentencia, no podían separarlo del cargo. López García ofreció una disculpa pública por las publicaciones, negó haber cometido delitos o promovido estereotipos, y afirmó que no se separaría porque no existía denuncia ni investigación en su contra.
A ello se suman denuncias de la diputada federal del PT Margarita García García sobre una presunta red de nepotismo encabezada por el legislador y su hermana Rosalinda López García (directora del ICAPET). Se señaló la existencia de decenas de “aviadores” vinculados a Santa María Petapa (municipio presidido por un primo del diputado) y el uso de recursos de la dependencia para fines políticos o personales. También circularon audios que, según reportes, mostrarían condicionamiento de apoyos sociales a lealtad política. López García ha negado las acusaciones y ha anunciado posibles acciones legales por difamación en otros contextos.
Por su parte, en marzo de 2026, Mauro Cruz, durante la discusión y aprobación de la desaparición del Ayuntamiento de San Agustín Amatengo, la diputada Concepción Rueda Gómez (también de Morena) lo acusó desde tribuna de cobrar 100 mil pesos a comunidades a cambio de elevar el rango de sus categorías territoriales, en su calidad de presidente de la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios. También lo responsabilizó de agresiones ocurridas en una sesión previa. Cruz Sánchez la retó a presentar pruebas y la denuncia correspondiente. No se ha reportado una resolución judicial sobre estas acusaciones al momento de la revisión.
En periodos anteriores ha enfrentado señalamientos de distinta naturaleza (incluyendo acusaciones de 2019 sobre financiamiento a grupos en conflictos agrarios en la Mixteca, y críticas por asumir la Coordinación Estatal de Protección Civil sin experiencia específica en la materia). Estos antecedentes no forman parte del índice de actividad, pero ilustran un perfil público marcado por controversias.
Otros nombres con resultados bajos
Isidro Ortega Silva y Vanessa Rubí Ojeda Mejía comparten un resultado de 3.5. Isaac López López obtiene 4.0 y Tania López López, 4.1. Concepción Rueda Gómez, Juan Marcelino Sánchez Valdivieso y Tania Caballero Navarro coinciden en 4.2.
El caso de Vanessa muestra por qué no deben confundirse los componentes. En el primer año su matriz registra 115 asistencias, sin inasistencias ni permisos. Aun así, su resultado conjunto está entre los menores. Una asistencia completa en ese periodo no significa que su volumen de propuestas sea equivalente al de quienes aparecen más arriba.
Esas diferencias merecen explicaciones sobre el trabajo realizado, las propuestas impulsadas y los resultados alcanzados. El índice sirve para formular preguntas con nombres y documentos; por sí solo no permite concluir que una persona incumplió todas sus obligaciones.
Isidro y Vanessa dos caminos distintos hacia la parte baja
Isidro Ortega Silva aparece en diez iniciativas en el primer año y cinco en el segundo parcial. No tiene menciones como proponente de puntos de acuerdo dentro de los folios puntuables de ninguno de los dos periodos. Sus matrices registran 109 asistencias en el primero y 79 en el segundo, junto con dos y ocho inasistencias, respectivamente.
Vanessa Rubí Ojeda Mejía aparece en cuatro iniciativas y cinco puntos en el primer año; en el segundo parcial, en siete iniciativas y un punto. Su caso permite observar una asistencia muy distinta de la de otros resultados bajos: en la primera ventana aparece presente en las 115 sesiones que registra su matriz, y en la segunda suma 90 asistencias y cuatro inasistencias, sin permisos publicados.
La coincidencia de ambos en 3.5 no significa que trabajaron de la misma manera. El promedio combina componentes diferentes y los expresa en una cifra. Por eso el informe incluye los datos por periodo: permite identificar si el resultado se relaciona con propuestas, con asistencia o con una combinación de ambas.
La exigencia ciudadana puede ser específica. En el caso de Isidro, conocer el alcance de las iniciativas registradas y el trabajo que pudiera no estar reflejado en ese listado. En el de Vanessa, examinar el contenido y los resultados de las propuestas que acompañan una presencia alta en sesiones. El número orienta la revisión; los documentos deben sostener las conclusiones.
Tania Caballero y la diferencia entre dos periodos
Tania Caballero Navarro obtiene 4.2 en el índice conjunto. En el primer año aparece en siete iniciativas y tres puntos de acuerdo. En el segundo parcial figura en 12 iniciativas y un punto. Su matriz de asistencia pasa de 82 asistencias, siete inasistencias y 26 permisos a 94 asistencias, sin inasistencias ni permisos publicados en la segunda ventana.
Concepción Rueda Gómez y Juan Marcelino Sánchez Valdivieso comparten su 4.2. Concepción aparece en ocho iniciativas y nueve puntos en el primer año, y en cuatro iniciativas y siete puntos en el segundo parcial. Juan Marcelino figura en 11 iniciativas y cinco puntos en el primero; en siete iniciativas y nueve puntos en el segundo. Los empates de la tabla no borran esos perfiles diferentes.
Isaac López López, con 4.0, y Tania López López, con 4.1, completan otros dos casos de resultados bajos. En la base, Isaac aparece en seis iniciativas del primer año y nueve del segundo parcial; Tania López, en ocho y diez. Estos conteos incluyen propuestas compartidas: no deben leerse como proyectos personales exclusivos ni sumarse como si cada firma fuera una ley distinta.
De dónde salen las cifras
La investigación parte de las páginas de iniciativas y puntos de acuerdo del Congreso y de las matrices de asistencia. Se revisaron 1,896 filas de los registros capturados. Después de separar asuntos que no podían compararse bajo las mismas reglas, quedaron 1,781 folios: 1,167 iniciativas y 614 puntos de acuerdo. No son leyes aprobadas.
El primer periodo va del 13 de noviembre de 2024 al 14 de noviembre de 2025. El segundo es parcial: del 15 de noviembre de 2025 al 30 de septiembre de 2026. La base revisada el 28 de octubre no incluye lo ocurrido después de septiembre.
Para evitar que una propuesta con cinco firmas se cuente como cinco proyectos completos, cada firmante recibe una quinta parte del crédito. También se considera el tiempo de ejercicio conocido, para reconocer las incorporaciones documentadas durante el primer año.
El cálculo da 60 por ciento de peso a las iniciativas, 20 a los puntos de acuerdo y 20 a la asistencia. Son criterios elegidos por El Pájaro Vaquero, no una calificación oficial del Congreso. La fórmula completa y los 42 resultados acompañan el informe.
Presentar una iniciativa y cambiar una ley son pasos diferentes
Una propuesta puede terminar en una decisión junto con otras iniciativas. El expediente de la investigación conserva un ejemplo: las iniciativas 1494 y 1495, atribuidas a Tania Caballero Navarro y Antonia Natividad Díaz Jiménez, confluyen en un mismo dictamen y en el Decreto 1564. Contar dos iniciativas es válido para describir entradas del registro; presentar ese resultado como dos decretos distintos sería duplicarlo.
El caso muestra por qué esta revisión no convirtió cada propuesta en una ley aprobada. Entre la presentación y el resultado existe una cadena documental: el turno, el trabajo de comisión, el dictamen, la votación, el decreto y, cuando corresponde, la publicación oficial. Saltarse esos pasos produciría una fotografía engañosa del desempeño.
La revisión anterior cotejó 12 casos seleccionados con 11 decretos. No es una muestra representativa para decir qué porcentaje de las iniciativas de cada diputado prosperó. Sirve para identificar cómo seguir una propuesta y para mostrar por qué una medición de resultados requiere un trabajo distinto al conteo de firmas.
Para una familia, el interés final no tiene por qué ser cuántos artículos de una ley se propusieron cambiar, sino qué derecho, servicio o problema se atiende. Esa evaluación necesita leer el contenido y comprobar su aplicación. Tener muchos registros puede dar más actividad visible; no demuestra, por sí solo, una transformación en la vida de la población.
Un exhorto contestado tampoco equivale a un problema resuelto
Los puntos de acuerdo permiten ver otra parte de esa distancia. El expediente cotejó ejemplos de respuestas oficiales sobre mantenimiento y señalización de la autopista Oaxaca-Istmo, prevención del sarampión y uso responsable del agua en actividades turísticas. Son asuntos reconocibles para los lectores: caminos seguros, salud y disponibilidad de un recurso básico.
En esos casos, los documentos en cartera registran la recepción de una respuesta vinculada con el acuerdo correspondiente. Eso acredita una comunicación institucional. Para afirmar que se reparó una carretera, que se atendió adecuadamente un riesgo sanitario o que se protegió el agua harían falta evidencias adicionales de cumplimiento.
El caso de un exhorto de Tania López López sobre prevención y atención del sarampión tiene una referencia de respuesta en el documento en cartera del 17 de marzo de 2026. Una petición de Juan Marcelino Sánchez Valdivieso sobre prevención y seguridad en temporada decembrina también tiene una respuesta identificada en la cartera del 17 de febrero. Son antecedentes que deben revisarse aunque sus resultados conjuntos estén entre los menores.
Una investigación crítica no puede borrar esos registros por la posición que ocupa una persona en la tabla. Debe mostrar qué está comprobado y qué queda pendiente. El seguimiento público puede empezar con preguntas sencillas: qué pidió el Congreso, qué contestó la autoridad y dónde está la evidencia de que se hizo.
Los documentos también le ponen obstáculos al ciudadano
La dificultad no está solo en interpretar la fórmula. La auditoría conservada en el expediente comparó 110 sesiones para las que pudo extraer un resumen completo del diario y contrastarlo con las matrices. En 92 coincidían los totales y en 18 había diferencias. Ese cotejo incluye distintos tipos de sesión y no significa que se hayan demostrado 18 faltas personales del pleno.
Las discrepancias pueden corresponder a momentos distintos de registro, llegadas posteriores u otros problemas que requieren aclaración. Lo que no permiten es escoger una versión sin explicación o repartir las diferencias entre diputados al azar. Para el ciudadano que busca una respuesta sencilla, el resultado es un archivo que exige más pasos y más comprobaciones.
En comisiones se revisaron 212 registros que remitían a 207 direcciones distintas de documentos. Se recuperaron archivos para 205 referencias, incluyendo una alternativa a un enlace que falló. Dos referencias permanecieron sin documento recuperado en esa revisión. Esa falta de acceso no prueba que una reunión no ocurriera o que un diputado no hubiera participado.
También se detectaron conflictos entre fechas del nombre de un archivo y fechas impresas dentro del documento. Un PDF rotulado como febrero podía contener una fecha de marzo. En ese escenario, sumar archivos sin leerlos puede colocar una votación en el mes equivocado o atribuirle un sentido que la hoja no permite identificar.
La revisión visual conservada llegó a 58 decisiones o bloques documentales. Identificó 281 registros persona-asunto con sentido de voto reconocible y 12 sin marca inequívoca. Esos 12 no se convirtieron en ausencias ni abstenciones. La falta de una marca clara exige una aclaración, no una conclusión inventada.
Una cifra baja no es una sentencia sobre todo su trabajo
El índice compara actividad publicada. No mide si una reforma fue buena, si se aplicó, si benefició a una comunidad o si una gestión territorial dio resultado. Tampoco demuestra quién redactó cada iniciativa. Obtener menos de seis no equivale a reprobar un examen y obtener nueve no significa haber cumplido 90 por ciento de las obligaciones.
La revisión conserva diferencias entre documentos de asistencia y fechas incompletas. Esos problemas no se resolvieron inventando faltas o votos. También se probaron otras combinaciones de pesos: algunas posiciones cambian. Por eso las diferencias pequeñas no deben convertirse en afirmaciones tajantes sobre quién trabaja mejor en todos los ámbitos.
Este reportaje se basa en registros públicos y no incorpora entrevistas ni respuestas particulares de los diputados. No se afirma que se les haya solicitado una postura ni que hayan guardado silencio. Las aclaraciones respaldadas con documentos deberán incorporarse con su fecha y fuente.
Las explicaciones que siguen haciendo falta
Los resultados permiten dirigir preguntas concretas. A Maciel, por la falta de propuestas nominales puntuables en el primer año y su aparición en dos del segundo parcial. A Oliver, por la combinación de sus registros de propuestas, inasistencias y permisos. A Mauro, por el alcance de las iniciativas y los puntos de acuerdo que sí tiene registrados y por el seguimiento de sus asuntos en trámite.
A quienes se mantienen en la parte baja pese a una asistencia alta, corresponde preguntar qué resultados pueden documentar sobre sus propuestas y sobre las funciones que este índice no mide. La gestión territorial y el trabajo de comisión pueden existir, pero su invocación necesita documentos para incorporarse a una investigación y no quedarse en una explicación general.
También hay preguntas para el Congreso como institución: cómo aclara las diferencias entre matrices y diarios, cómo corrige fechas y enlaces, y cómo facilita que una persona siga una propuesta hasta su resolución. No toda la responsabilidad de un trámite se puede cargar al legislador que lo inició; tampoco toda deficiencia de información puede atribuirse a la complejidad del trabajo parlamentario.
Este reportaje no incorpora respuestas particulares a esas preguntas. Los registros sirven para plantearlas; una respuesta o una corrección deberá agregarse con su respaldo. La posibilidad de revisar el cálculo y aportar documentos es parte del ejercicio de rendición de cuentas.
Quiénes obtuvieron los resultados más altos
En la parte superior del mismo índice está Javier Casique Zárate, con 9.2; le siguen Dulce Alejandra García Morlán, con 9.0, y Dennis García Gutiérrez, con 8.7. Dante Montaño Montero registra 8.6.
Antonia Natividad Díaz Jiménez, Benjamín Viveros Montalvo, Jimena Yamil Arroyo Juárez y Lizbeth Anaid Concha Ojeda comparten 8.3. Sus resultados reflejan una mayor combinación de las actividades que esta investigación contó. No prueban, por sí solos, que sus leyes sean mejores o que hayan tenido mayor impacto social.
La ciudadanía puede consultar el informe completo para revisar a cada representante, conocer las reglas y contrastar las cifras. El siguiente paso de la rendición de cuentas es que los registros se puedan relacionar con resultados concretos: qué se propuso, qué se convirtió en una decisión y a quién le cambió la vida.
Consulta el informe y las fuentes
El informe de El Pájaro Vaquero incluye la tabla de 42 resultados, el desglose por periodo, las gráficas, la metodología y los datos descargables. Corte del segundo año: 30 de septiembre de 2026.
Registro del primer año: https://www.congresooaxaca.gob.mx/iniciativas-acuerdos/primero.html
Registro del segundo año: https://www.congresooaxaca.gob.mx/iniciativas-acuerdos/segundo.html
Directorio de referencia: https://www.congresooaxaca.gob.mx/estructura/diputados.html
Sesiones y asistencia: https://www.congresooaxaca.gob.mx/sesionesdips.html
Fuentes documentales para los casos ampliados
Propuesta individual de Maciel, folio 936: https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs66.congresooaxaca.gob.mx/iniciativasyacuerdos/936.pdf
Propuesta compartida de Maciel, folio 1319: https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs66.congresooaxaca.gob.mx/iniciativasyacuerdos/1319.pdf
Propuesta de Mauro, folio 650: https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs66.congresooaxaca.gob.mx/iniciativasyacuerdos/650.pdf
Propuesta compartida de Mauro, folio 1323: https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs66.congresooaxaca.gob.mx/iniciativasyacuerdos/1323.pdf
Decreto compartido 1564: https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs66.congresooaxaca.gob.mx/decretos/DLXVI_1564.pdf
Respuesta sobre sarampión, cartera del 17/03/2026, página 2: https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs66.congresooaxaca.gob.mx/documentos_cartera/DOC_CARTERA_20260317.pdf
Respuesta sobre seguridad, cartera del 17/02/2026, página 3: https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs66.congresooaxaca.gob.mx/documentos_cartera/DOC_CARTERA_20260217.pdf
Nota de corte: los índices y conteos conservan el corte al 30/09/2026. Los estados de trámite citados en los ejemplos de Maciel y Mauro corresponden a la consulta del portal realizada el 03/11/2026 y no modifican el índice, que no puntúa aprobaciones.
