Miguel Ángel Maya Alonso
Miguel Ángel Maya Alonso
Mientras los suelos se hunden y las viviendas se agrietan, el Gobierno del Estado permanece ausente ante la problemática causada por la extracción descontrolada de recursos pétreos en el paraje conocido como La Toma, en los márgenes del río Atoyac.
Habitantes del municipio han denunciado que la explotación constante de arena ha generado socavones que ya afectan la infraestructura de casas cercanas. Lejos de atender los llamados ciudadanos, las autoridades estatales han ignorado los reportes que, desde hace meses, alertan sobre un riesgo estructural y ambiental en la zona.
“Después de sacar la arena, rellenan los hoyos con basura”, señalan los vecinos, preocupados por el impacto ecológico que esto conlleva. Además, denuncian que el predio donde ocurre la actividad pertenece a un particular que, presuntamente, vende los materiales a sindicatos transportistas, y que responde con amenazas cuando se le confronta.
Pese a que el daño es evidente, el Gobierno del Estado no ha enviado personal técnico para evaluar las condiciones del terreno ni ha informado sobre acciones regulatorias o sanciones a los responsables. La falta de supervisión y control ambiental refleja, según los vecinos, una negligencia institucional que prioriza intereses económicos por encima del bienestar social.
Las familias afectadas exigen una intervención inmediata de las autoridades estatales: detener la extracción, investigar las concesiones otorgadas, remediar los daños estructurales y garantizar que este tipo de actividades no continúen afectando a la población.
“El abandono oficial está dejando a la gente sola, con sus casas cuarteadas y su salud en riesgo”, concluyen.
