El grito de auxilio de un periodista que no fue escuchado; DDHPO niega omisión

La DDHPO asegura que no fue omisa en el caso del asesinato de Alejandro Leyva, pero su propia cronología revela expedientes extraviados, autoridades descoordinadas y solicitudes que nunca se convirtieron en protección efectiva para el periodista

Miguel Ángel Maya Alonso

Aunque la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, rechazó que el organismo haya sido omiso en el caso del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, la cronología presentada por ella misma revela una cadena de descoordinación, expedientes extraviados y solicitudes de protección que nunca se tradujeron en seguridad efectiva.

Leyva acudió por primera vez a la DDHPO el 14 de julio de 2025 para denunciar amenazas recibidas mediante redes sociales y cuentas particulares. En aquella comparecencia rechazó inicialmente las medidas cautelares porque temía que la información sobre sus ubicaciones pudiera filtrarse, pero dejó abierta la posibilidad de solicitarlas posteriormente. La Defensoría abrió un cuaderno de antecedentes y lo orientó para denunciar los hechos ante las autoridades ministeriales.

El periodista presentó su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), que el 28 de julio declinó su competencia y remitió la carpeta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) hasta el 5 de septiembre. Sin embargo, cuando la DDHPO solicitó información, la Fiscalía estatal respondió el 8 de noviembre que no tenía registro del expediente. Apenas un día después de que la Defensoría entregó el oficio de remisión, la FGEO reconoció, el 21 de noviembre, que sí había recibido la carpeta.

La irregularidad no terminó ahí. Durante su segunda comparecencia, realizada el 25 de noviembre, Leyva manifestó que ni la FGR ni la Fiscalía estatal le habían informado sobre el traslado de su denuncia. Ese día solicitó formalmente medidas de protección y su incorporación al Mecanismo federal para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

De acuerdo con Lara Rodríguez, la DDHPO solicitó en cinco ocasiones medidas de protección a la Fiscalía de Oaxaca y tres veces pidió al mecanismo federal la incorporación urgente del periodista. No obstante, el 11 de febrero de 2026, la instancia federal respondió que había contactado a Leyva, pero que no se encontraba incorporado ni tenía una solicitud pendiente de resolución.

El 13 de febrero, Leyva volvió a informar que continuaba recibiendo amenazas y entregó una relación de números telefónicos. La Defensoría remitió esa información al mecanismo federal cuatro días después, pero aseguró que hasta el 31 de julio no había recibido respuesta. Las solicitudes existieron en el papel; la protección nunca llegó.

La actuación de la Fiscalía estatal también quedó bajo cuestionamiento. En febrero volvió a sostener que no localizaba la carpeta y, en abril, la propia DDHPO comenzó a gestionar que el periodista presentara nuevamente su denuncia por el aparente extravío del expediente. La diligencia programada para el 22 de abril fue suspendida porque Leyva se encontraba hospitalizado; posteriormente tampoco pudo retomarse porque estaba en la Ciudad de México.

Todavía el 12 de junio, la Fiscalía especializada reiteró que no tenía información sobre el caso porque la carpeta nunca le había sido turnada. Para entonces habían transcurrido casi once meses desde la denuncia original y el periodista seguía sin conocer avances concretos, sin una investigación claramente localizada y sin un esquema efectivo de seguridad.

Lara Rodríguez sostuvo que la DDHPO actuó incluso más allá de sus atribuciones y que nunca desestimó la queja. Sin embargo, su exposición no desactiva el cuestionamiento central: durante meses, distintas instituciones intercambiaron oficios, desconocieron la ubicación del expediente y se deslindaron de responsabilidades mientras las amenazas continuaban.

El asesinato de Alejandro Leyva, ocurrido el 22 de julio de 2026, mostró que la insistencia documental de la Defensoría fue insuficiente frente a un aparato institucional incapaz de convertir las alertas en protección. Más que demostrar que “se hizo todo”, la cronología exhibe cómo un periodista amenazado quedó atrapado entre competencias, trámites y respuestas burocráticas hasta que fue demasiado tarde.