Elizabeth Lara se lava las manos en caso Alejandro Leyva; atribuye al Estado las fallas en la protección de periodistas

Miguel Ángel Maya Alonso

Ante los cuestionamientos sobre la actuación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en el caso del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el pasado 22 de julio, su presidenta, Elizabeth Lara Rodríguez, defendió el desempeño del organismo, aseguró que actuó “más allá” de sus atribuciones legales y terminó atribuyendo al Estado las fallas en la protección de periodistas.

La funcionaria fue cuestionada sobre las posibles omisiones de la Defensoría y sobre qué dejó de hacer el organismo antes del homicidio del comunicador. En respuesta, negó cualquier falta de actuación.

“Las manos las tenemos limpias. La cara la tenemos limpia. Hicimos más allá de lo que jurídicamente y legalmente nos corresponde”, afirmó.

Al preguntarle si las acciones emprendidas fueron suficientes, respondió:

“Sí, y más allá.”

Sin embargo, durante su intervención no detalló cuáles fueron esas acciones adicionales ni explicó qué medidas concretas desplegó la Defensoría para atender el caso de Francisco Alejandro Leyva Aguilar antes de su asesinato.

En cambio, centró parte de su posicionamiento en explicar que la DDHPO actúa conforme al marco legal y recordó que el organismo no investiga delitos ni impone sanciones, ya que su función consiste en documentar violaciones a derechos humanos, emitir recomendaciones y ejercer autoridad moral frente a las instituciones.

Lara Rodríguez añadió que incluso cuando un peticionario deja de dar seguimiento a una queja, la ley permite cerrar el expediente por falta de interés, aunque sostuvo que en este caso la Defensoría realizó actuaciones adicionales, sin precisar cuáles fueron.

Posteriormente reconoció que existieron instituciones que no estuvieron a la altura de la obligación del Estado de proteger la vida, la integridad y la libertad de quienes ejercen el periodismo, aunque evitó identificar cuáles fueron esas autoridades.

“La impunidad constituye una forma adicional de violencia. Cuando las agresiones no se investigan con seriedad, cuando las amenazas son minimizadas o cuando los mecanismos de protección resultan insuficientes, el Estado transmite un mensaje que desalienta el ejercicio del periodismo”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar no debe convertirse en una cifra más dentro de las estadísticas de agresiones contra periodistas y llamó a que el caso marque un punto de inflexión para fortalecer los mecanismos de protección.