El asesinato de Francisco Leyva exhibe el fracaso del Estado para proteger a la prensa

El homicidio del periodista oaxaqueño ocurre en un contexto donde Reporteros Sin Fronteras ubica a México entre las naciones más letales para la prensa y advierte sobre la persistencia de la violencia, la impunidad y la falta de garantías para informar

Miguel Ángel Maya Alonso

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado el pasado 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca. Su homicidio ocurrió apenas unos meses después de que Reporteros Sin Fronteras (RSF) volviera a colocar a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, confirmando que la violencia contra la prensa continúa siendo uno de los mayores fracasos del Estado mexicano.

Aunque la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 ubica a México en la posición 122 de 180 países, el dato verdaderamente preocupante no es el lugar que ocupa en el ranking general, sino su desempeño en materia de seguridad. En ese indicador, el país aparece en el lugar 160, reflejo de un entorno donde informar sobre política, corrupción o delincuencia representa un riesgo permanente para periodistas y medios de comunicación.

El asesinato de Alejandro Leyva demuestra que el problema no es estadístico, sino estructural. Reporteros Sin Fronteras sostiene que México permanece, año tras año, entre los países más mortíferos para la prensa y atribuye parte de esa crisis a la connivencia entre autoridades locales y el crimen organizado, además de la impunidad que prevalece en los ataques contra periodistas.

El caso del periodista oaxaqueño exhibe precisamente esa realidad. Crítico del poder político y autor de la columna El Zumbido del Moscardón, fue asesinado a plena luz del día en un establecimiento de comida. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación y las autoridades estatales han informado avances, pero el crimen volvió a instalar entre el gremio una pregunta que acompaña cada homicidio de un comunicador: ¿quién será el siguiente?

Más allá de identificar a los autores materiales, el asesinato representa una prueba para las instituciones encargadas de garantizar la libertad de expresión. Reporteros Sin Fronteras advierte que desde el año 2000 más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 permanecen desaparecidos en México, una cifra que evidencia que las respuestas del Estado no han sido suficientes para romper el ciclo de violencia e impunidad.

La organización también alerta sobre otros factores que deterioran el ejercicio periodístico: la concentración de los medios de comunicación, la precariedad económica de los proyectos independientes y la ausencia de un marco que garantice una distribución transparente de la publicidad oficial. Sin embargo, ninguna de esas condiciones resulta tan devastadora como la falta de seguridad para quienes investigan asuntos de interés público.

En Oaxaca, el homicidio de Francisco Alejandro Leyva Aguilar coloca bajo escrutinio al gobierno de Salomón Jara Cruz. No porque existan elementos que lo vinculen con el crimen, sino porque la seguridad de periodistas y la investigación eficaz de estos delitos constituyen una responsabilidad del Estado. Cada asesinato sin esclarecer profundiza la percepción de impunidad y debilita la confianza en las instituciones.

La muerte de Alejandro Leyva confirma que, mientras organismos internacionales continúan describiendo a México como uno de los países más peligrosos para informar, la libertad de prensa seguirá dependiendo menos de lo que establecen las leyes y más de la capacidad del Estado para proteger la vida de quienes ejercen el periodismo. Hoy, esa sigue siendo una deuda pendiente.