Tres balazos, dos reuniones y un gremio que perdió el miedo
Miguel Ángel Maya Alonso
Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado de tres balazos la mañana del miércoles 22 de julio de 2026 en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla. Un crimen que caló hondo en el gremio periodístico oaxaqueño. Dejó furia, descontento, pero sobre todo miedo.
Un miedo que, el viernes 24 de julio, durante una conferencia improvisada por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca, se convirtió en valentía. ¿Pedirá licencia? ¿Se presentará voluntariamente ante la Fiscalía General de la República? Incluso hubo señalamientos directos para el titular del Poder Ejecutivo, Salomón Jara Cruz, quien por momentos se vio desencajado.
Y es que la prensa oaxaqueña vivió días de desesperanza, de preguntarse qué viene para el periodismo en la entidad, quién está seguro y quién defiende la libertad de expresión.
“Atentan contra el periodista Alejandro Leyva Aguilar, va lesionado por arma de fuego”, escribieron en un grupo de WhatsApp.
“Sí, está muerto”, confirmaron segundos después.
Los reporteros de a pie, esos que se suben a las motocicletas y muchas veces llegan antes que los policías para buscar la nota, ya se dirigían al lugar. Llegaron mientras la Policía acordonaba la zona. Confirmaron la noticia.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca preparaba una conferencia de prensa para el mediodía, que al final fue cancelada. Comenzaron las preguntas: ¿quién fue?, ¿hay detenidos? El fiscal, Bernardo Rodríguez Alamilla, no pudo responder ninguno de los cuestionamientos y solo atinó a decir que los hechos serían investigados.
El día transcurrió entre el silencio y la zozobra. El Gobierno del Estado calló. El gremio periodístico y la sociedad civil alzaron la voz en redes sociales. “Crimen de Estado”, señalaban algunos.
La familia Leyva Aguilar informó el lugar y los horarios de los servicios funerarios. Hasta ahí llegaron periodistas, defensores de derechos humanos y, por supuesto, amigos y familiares del periodista asesinado.
Ahí también comenzaron las conversaciones entre comunicadores sobre quién pudo haber sido. Hipótesis y cuestionamientos. Comentaban sobre sus últimas columnas.
“Habló del senador, de la secretaria, del gobernador…”
Uno de los periodistas más críticos del gobierno estatal había sido asesinado. Y eso lastimó profundamente a la sociedad oaxaqueña y mexicana.
Una reunión privada entre algunos periodistas y el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, fue interpretada como un intento por contener la inconformidad. Sin embargo, en Oaxaca, como en todo México, el gremio periodístico no está representado por una sola persona ni por un solo grupo. Al final, aquella reunión generó más división que consenso. Quizá ese fue su primer efecto.
Llegó el jueves y comenzaron a circular amenazas contra periodistas críticos.
“No es coincidencia, saben contra quién van”, dijo un reportero.
“Hay que cuidarlos”, respondió otro.
“¿Ya denunció?”, preguntó alguien más.
Un homenaje organizado por un grupo de periodistas, previo a la misa, terminó entre aplausos.
“El gobierno, en silencio.”
Un ataúd guardaba columnas que ya no volverían a publicarse.
La misa transcurrió sin contratiempos. En el entierro hubo llanto y, nuevamente, aplausos.
La mañana del viernes una nueva reunión, también privada, volvió a sacudir al mundo periodístico. Los convocados para dialogar con el gobernador eran, en esencia, los mismos. Pero esta vez fue diferente.
La reunión terminó convirtiéndose en una conferencia para la que los funcionarios no parecían preparados. No hubo preguntas ensayadas. Fueron directas. Uno que otro buscó quedar bien, pero esas voces fueron opacadas por quienes exigieron justicia y garantías para ejercer el periodismo.
“Porque, aunque no haya sido obra del gobierno, eso no lo exime de su responsabilidad”, dijo un reconocido periodista oaxaqueño.
La frase quedó suspendida en el ambiente.
Frente al ataúd ya no solo estaba el cuerpo de un periodista. Estaban el hijo, el padre, el amigo, el compañero de redacción. También estaba el símbolo de una profesión que, una vez más, volvió a recordar que en Oaxaca informar puede costar la vida.
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