
“Me dejaron sin nada”: Flaviana Núñez, desalojada y saqueada en Lomas de San Jacinto, Oaxaca
Tras más de 30 años de vivir en su casa, Flaviana Núñez Martínez, mujer de 72 años, fue desalojada por la fuerza en Lomas de San Jacinto, Oaxaca, pese a contar con constancias de posesión, registros municipales y participación en comités vecinales
Miguel Ángel Maya Alonso
El pasado 14 de marzo de 2025, la señora Flaviana Núñez Martínez, de 72 años, fue desalojada del predio donde vivió durante más de tres décadas, en la Privada de Mercurio de la colonia Lomas de San Jacinto, municipio de San Jacinto Amilpas. El operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Estatal, en cumplimiento de una sentencia judicial emitida en 2007 y ratificada en años posteriores, pese a que Flaviana contaba con constancias oficiales de posesión, documentos catastrales y reconocimiento vecinal.
La historia de este conflicto revela una compleja superposición de títulos de propiedad, certificados de posesión y trámites administrativos sin resolver. De fondo, se exhibe una dura contradicción: el reconocimiento del arraigo vecinal frente a la fuerza legal de una escritura registrada.
Posesión reconocida, pero insuficiente
Flaviana llegó al predio en 1991. En 1994 recibió un acta de posesión emitida por el Comité de Tierras Particulares del Rancho San Rafael, y años más tarde una constancia municipal del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas que acreditaba su residencia pacífica, continua y de buena fe.

La vivienda, construida con esfuerzo propio y participación vecinal, incluyendo aportaciones al sistema de agua potable en 1998, también fue registrada en la Secretaría de Finanzas y en el Registro Público de la Propiedad, dentro de la sección de escrituras privadas. En 1999, la Comisión para la Regularización de la Tenencia (CORETURO) le otorgó un certificado de posesión a ella y su hermana Modesta, aunque este documento no equivalía a una escritura de propiedad.
El otro título: la escritura de Ángel Rebollo
Paralelamente, Ángel Rebollo Velasco presentó una escritura pública del año 1985, registrada formalmente en 1989, que describe un terreno conocido como “Ojo de Agua”. A través de apeos, deslindes y rectificaciones posteriores, este predio fue ampliado en superficie, lo que dio origen a un traslape con el terreno ocupado por Flaviana.

En 2005, Rebollo inició una demanda judicial para recuperar el inmueble. En 2007, el Juzgado Quinto Civil del Centro resolvió a su favor, y la sentencia fue confirmada en 2008. Un amparo interpuesto por Flaviana también fue desechado. Aunque durante más de una década la ejecución de esa sentencia quedó suspendida, finalmente fue activada en noviembre de 2024, lo que derivó en el desalojo.
Desalojo sin previo aviso y con uso de la fuerza
Flaviana asegura que no fue notificada oportunamente del lanzamiento y que la diligencia se llevó a cabo sin previo diálogo ni alternativas de conciliación. Según su testimonio, elementos policiales ingresaron con violencia, rompieron cerraduras y sustrajeron objetos de valor y dinero en efectivo, sin que se levantara inventario alguno.
“Ni siquiera me dijeron que venían, yo no sabía que ya era el desalojo. Solo vi llegar las patrullas, rompieron todo y me sacaron como si no valiera nada”, relató entre lágrimas.

El mandato judicial que ordenó el desalojo, firmado por la jueza Beatriz Maribel Muñoz Avendaño, autoriza expresamente el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras. También instruye el depósito de bienes muebles ante la autoridad municipal en caso de ser encontrados, disposición que, según la afectada, no fue cumplida.
Conflicto no resuelto y trámites en el limbo
El conflicto por el predio refleja no solo la tensión entre la legalidad registral y la justicia social, sino también el vacío institucional: hasta la fecha, no se ha logrado regularizar plenamente el terreno, ya que el traslape de polígonos impide su registro fiscal.
En 2024, la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez reconoció la validez de los antecedentes catastrales de Flaviana y aclaró que no existe orden judicial que cancele su cuenta catastral. Sin embargo, ese reconocimiento administrativo no detuvo el cumplimiento de la sentencia.
Una mujer desplazada por el sistema
Hoy, Flaviana Núñez no tiene casa ni indemnización, ni tampoco un plan de reubicación. Vive temporalmente con familiares y enfrenta serias afectaciones emocionales y físicas. “Me quitaron todo. Mi esfuerzo de tantos años, mi tranquilidad, mi historia. Yo no peleo con nadie, solo quiero vivir en paz”, expresó.
El caso de Flaviana no es aislado. En muchas colonias populares de Oaxaca, la regularización de la tierra se enfrenta a una maraña de títulos cruzados, sentencias contradictorias y autoridades que actúan por separado. Mientras tanto, personas como ella siguen pagando el precio de un sistema que reconoce su arraigo, pero no lo protege.
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