La defensa de su territorio no es un delito, es un deber histórico y colectivo. Familias pretendían quedarse con áeas de reserva ecológica
Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (quepasapedro).- La defensa del patrimonio común y de las áreas de reserva ecológica no es un delito; es un deber histórico y colectivo para asegurar el bienestar de las presentes y futuras generaciones, afirmaron las autoridades de Santa cruz, Tlahuitoltepec al aclarar que la desocupación de tierras fue por mandato comunitario y no un acto arbitrario.
Luego que se difundió el presunto desalojo de las familias Vargas, Jiménez Díaz, Gutiérrez y demás personas, las autoridades de Santa María Tlahuitoltepec y la Agencia de Santa Cruz resaltaron que no se ha desplazado ni desterrado a ninguna familia.
Por el contrario, la recuperación de estos terrenos comunales es porque pretendían apropiarse de una zona de reserva comunitaria.
Precisaron que “la desocupación de terrenos invadidos por particulares responde al mandato de la Asamblea General y cuenta con el respaldo legal de nuestros sistemas normativos”.
Detallaron que en ejercicio de nuestro derecho constitucional de réplica, consagrado en el artículo 6° de la Constitución mexicana, la comunidad indígena de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, en coordinación con la autoridad auxiliar de la Agencia de Santa Cruz, aclararon de manera contundente las falsas narrativas, acusaciones de criminalización y señalamientos de supuesta arbitrariedad que han circulado recientemente en algunas redes sociales y medios de comunicación.
“Rechazamos categóricamente cualquier intento de criminalizar a nuestras autoridades comunitarias, agrarias y municipales. Su actuación en días pasados no obedece a decisiones unilaterales, caprichos personales ni actos de despojo, sino al cumplimiento de un deber y al ejercicio de un derecho colectivo.
Por el contrario, “representa el cumplimiento estricto, legal y legítimo del mandato de la Asamblea General de Comuneros y la Asamblea Agraria, las cuales son las máximas instancias de deliberación y toma de decisiones de nuestro pueblo”.
Mencionaron que a las familias Vargas, Jiménez Díaz y Gutiérrez señaladas por la invasión de terrenos comunales en zonas de reserva comunitaria, se les respetó en todo momento el derecho al debido proceso y la garantía de audiencia, conforme a los Sistemas Normativos Internos, en las diversas asambleas comunitarias celebradas desde el año 2013 hasta la fecha.
Sin embargo, las determinaciones para resguardar las áreas de uso común quedaron debidamente asentadas en las Actas de Asamblea General de Comuneros de fechas 15 de febrero de 2026 y 19 de abril de 2026, dando continuidad a acuerdos históricos de protección territorial que datan de 2006, 2010 y 2013.
Hicieron hincapié que al amparo de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca, “nuestras decisiones asamblearias tienen plena validez legal y eficacia jurídica”.
Insistieron en que como pueblo Ayuujk (Mixe), recordamos a la opinión pública y a las instituciones del Estado que las comunidades indígenas somos sujetos de derecho público y nuestras autoridades tienen la obligación institucional y el deber comunitario de ejecutar los mandatos de la Asamblea para preservar la integridad territorial, el orden social y la paz interna.
Entonces, en el marco del pluralismo jurídico y demostrar la legalidad de este proceso, las autoridades de Santa María Tlahuitoltepec y la Agencia de Santa Cruz ejercerán las acciones jurisdiccionales necesarias para defender su libre determinación y su jurisdicción especial indígena.
Resaltaron que “desmentimos categóricamente las narrativas que califican esta acción como un despojo o acto arbitrario, y rechazamos cualquier intento de la opinión pública por criminalizar nuestros Sistemas Normativos Internos”.
Finalmente, aclararon que con la recuperación de estos terrenos comunales no se ha desplazado ni desterrado a ninguna familia.
Es decir que “los integrantes de las familias Vargas, Jiménez Díaz, Gutiérrez y demás personas involucradas viven y seguirán viviendo en nuestra población, donde gozan de todos los derechos comunitarios como cualquier otro ciudadano. Es necesario precisar que estas personas cuentan con sus residencias habitables en el centro de la comunidad y únicamente pretendían justificar la posesión ilegal de las áreas de reserva mediante construcciones provisionales y deshabitadas que fueron removidas”.
Por el contrario, a las personas que verdaderamente habitaban y dependían de esa zona se les respetó plenamente su vivienda, permaneciendo en el lugar sin sufrir afectación alguna, lo que demuestra que la prioridad de la Asamblea siempre fue el orden territorial y no el perjuicio a los habitantes.
En un comunicado, exigieron a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales un cese inmediato a la difamación y a la estigmatización de sus formas de organización comunitaria.
También hicieron un llamado r a las instancias gubernamentales, de derechos humanos y de justicia para que se respete la autonomía de sus sistemas normativos y se garantice el derecho del pueblo a resguardar lo que por historia y derecho les pertenece.