El expresidente municipal de Juchitán permanecerá en el penal federal del Altiplano, mientras que el segundo imputado fue internado en el Cefereso de Perote, Veracruz
Miguel Ángel Maya Alonso
Un juez vinculó a proceso a Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a Carlos Alberto P. L., conocido como “La Parka”, por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que, durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba con los que sustentó la probable participación de ambos imputados en los hechos investigados.
Después de analizar los elementos expuestos, la autoridad judicial determinó vincularlos a proceso e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal.
Miguel Sánchez Altamirano permanecerá internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México, mientras que Carlos Alberto P. L. fue recluido en el Centro Federal de Reinserción Social de Perote, Veracruz.
Ambos fueron detenidos el 23 de septiembre de 2026 durante un operativo coordinado por la Fiscalía de Oaxaca con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.
De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones contemplan la posible participación del expresidente municipal en actividades delictivas desarrolladas en el Istmo de Tehuantepec, así como sus presuntos vínculos con integrantes de la organización denominada “Los Cromos”.
Las primeras indagatorias señalan que “Quetu”, desde su posición como actor político y social, presuntamente pudo facilitar, promover o encubrir actividades ilícitas relacionadas con dicha estructura.
La institución identifica a “Los Cromos” como una célula presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, a la que atribuye actividades como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en diferentes puntos del Istmo.
La vinculación a proceso no representa una sentencia, sino que permite continuar formalmente la investigación y el procedimiento penal contra los imputados.
La Fiscalía señaló que mantendrá las investigaciones y la coordinación con autoridades estatales y federales para combatir la extorsión y desarticular las estructuras delictivas que operan en la región del Istmo de Tehuantepec.