Caso Rocha Moya: acusaciones en EUA reavivan tensión bilateral

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos de presunta colusión con el Cártel de Sinaloa, lo que ha generado tensiones diplomáticas y reacciones del gobierno federal

Redacción

El narcotráfico volvió a tensar la relación entre México y Estados Unidos, luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusara a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos de presunta colusión con el Cártel de Sinaloa, organización fundada por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. La medida ha reavivado el debate sobre la influencia del crimen organizado en la política mexicana y ha sido interpretada en el contexto de posturas previas desde Washington sobre el control territorial del narcotráfico.

Entre los señalados se encuentran integrantes del partido Morena, como el senador Enrique Inzunza Cázarez y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido el foco principal de la atención mediática debido a su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con fiscales estadounidenses, Rocha habría recibido apoyo del grupo criminal durante su campaña electoral, lo que incluiría presiones contra adversarios, a cambio de permitir la operación del cártel en la entidad. El mandatario estatal rechazó los señalamientos y los calificó como “calumnias” sin sustento.

El caso también se inserta en una trayectoria política amplia de Rocha Moya, quien ha sido identificado como un histórico dirigente de izquierda, con antecedentes en el movimiento estudiantil, sindical y académico, además de su cercanía con López Obrador desde finales de la década de 1990. Su administración ha estado marcada por cuestionamientos en materia de seguridad, particularmente tras la violencia desatada en Sinaloa luego de la captura de “El Mayo” Zambada en 2024, que derivó en enfrentamientos entre grupos criminales.

En respuesta a las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no protegerá a nadie que haya cometido delitos, aunque advirtió que, sin pruebas claras, las imputaciones podrían tener un trasfondo político. Asimismo, subrayó que México no permitirá injerencias extranjeras en asuntos internos, en defensa de la soberanía nacional. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones en la agenda pública y abre un nuevo capítulo en la compleja relación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.