Multas de mil pesos por “insultar” o “escándalos”: CNDH denuncia cobros abusivos en Santa Lucía Monteverde

La CNDH impugnó la Ley de Ingresos 2026 del municipio por sanciones imprecisas y cuotas fijas de hasta mil pesos por conductas ambiguas.

Miguel Ángel Maya Alonso

Multas de hasta mil pesos por conductas ambiguas como “insultar” o “causar escándalos” llevaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a impugnar la Ley de Ingresos 2026 del municipio de Santa Lucía Monteverde, al considerar que establece cobros abusivos y sin claridad jurídica.

De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad, el artículo 54 de dicha ley fija sanciones económicas de mil pesos por evento para diversas conductas, entre ellas “causar escándalos en estado de ebriedad”, “insultar a las autoridades municipales (verbal y físicamente)” y “agresión física y verbal entre particulares”.

El organismo advierte que estas disposiciones no cumplen con el principio de taxatividad, ya que no definen con precisión qué conductas constituyen una infracción, dejando a criterio de la autoridad municipal la aplicación de las multas.

Esto, señala la CNDH, genera un estado de incertidumbre jurídica para la población, además de abrir la puerta a posibles abusos en la imposición de sanciones.

El señalamiento se centra en qué términos como “insultar” o “escándalo” pueden ser interpretados de forma discrecional, lo que permitiría sancionar a los ciudadanos sin criterios objetivos claros.

Además, el hecho de establecer una cuota fija de mil pesos por cada evento resulta desproporcionado frente a las condiciones económicas de la población, al no existir un parámetro que justifique el monto.

La impugnación también incluye a otros municipios; sin embargo, el caso de Santa Lucía Monteverde resalta por la claridad de los montos y la ambigüedad de las conductas sancionadas.

Ante ello, la CNDH solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar estas disposiciones por considerar que vulneran principios constitucionales como la legalidad, la seguridad jurídica y la proporcionalidad.

La resolución del máximo tribunal determinará si estas multas continúan vigentes o si deberán ser eliminadas por su carácter arbitrario.