Miguel Ángel Maya Alonso
De las 59 agresiones contra colectivos y personas defensoras de los derechos humanos registrados en Oaxaca de diciembre de 2022 a mayo del 2023, 34 corresponden a criminalización y difamación por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca, que encabeza Salomón Jara Cruz.
Lo anterior lo revela la campaña “Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca”, que inició en 2022 y tiene el objetivo de visibilizar a comunidades y movimientos en defensa de sus derechos en Oaxaca. Comparte un análisis del contexto actual para la defensa de derechos humanos durante el primer semestre de la nueva administración estatal, y lo enmarca en el escenario nacional.
“Constatamos que, desde el poder se recrudece la difamación del ejercicio de defensa de los derechos humanos. En los primeros seis meses del nuevo gobierno en Oaxaca fueron criminalizadas y hostigadas 18 organizaciones o comunidades. En un promedio de diez días se registró una agresión colectiva, como son desalojo de protestas, detenciones arbitrarias, difamación desde el poder y otros tipos de criminalización”, destaca la campaña en un comunicado.
Ejemplos sobran
Ejemplifica el hostigamiento gubernamental con la estigmatización del trabajo de organizaciones civiles y sociales por servidores públicos de primer nivel, incluido el gobernador Salomón Jara Cruz, contra actores como la Sección 22 de la CNTE-SNTE y Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., así como las reiteradas difamaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la población mixe de Mogoñé Viejo en el Istmo de Tehuantepec que protesta contra las afectaciones del megaproyecto del Corredor Transístmico.
“Estas difamaciones gubernamentales preparan el terreno para actos represivos, ejecutados por grupos civiles al servicio de caciques, empresas, cuerpos policíacos locales o estatales y autoridades federales (Guardia Nacional-Marina)”, afirma.
En estos primeros seis meses de la nueva administración en Oaxaca, 41 personas defensoras fueron violentadas en sus derechos. La agresión más común es la criminalización.
La defensa del territorio contra los megaproyectos es una de las principales razones de ataques contra personas defensoras en el país. La construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) causó una avalancha de violencia contra personas defensoras indígenas, con agresiones registradas en los municipios de San Blas Atempa, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Matías Romero, San Francisco Ixhuatán y San Juan Guichicovi.
Población indígena, vulnerable
La población indígena sigue siendo el sector más atacado, y las agresiones en su gran mayoría se dieron en la defensa de la tierra y el territorio, especialmente contra la instalación de megaproyectos, o en la defensa del derecho a la seguridad y la autonomía, contra intereses de caciques y otros poderes fácticos.
En su monitoreo a nivel país, en estos meses causó gran preocupación el contexto violento de las inversiones mineras en Michoacán, con la desaparición de los dos defensores Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia y el asesinato de Eustacio Alcalá Díaz.
