Deuda disfrazada; Raymundo Chagoya compromete ingresos de Oaxaca de Juárez por 20 años
En fast track, el Congreso aprobó la concesión del CESEVI y la reforma de ingresos en Oaxaca de Juárez, impulsadas por Raymundo Chagoya, generando una deuda disfrazada que costará 1,880 MDP en 20 años
Miguel Ángel Maya Alonso
En sesión aprobada en fast track, el Congreso del Estado avaló dos dictámenes que, en conjunto, representan una deuda disfrazada para el municipio de Oaxaca de Juárez.
El paquete fue impulsado por el edil Raymundo Chagoya Villanueva, quien promovió la concesión por 20 años del predio de Belisario Domínguez 920 para el Centro de Servicios Vecinales (CESEVI), así como la reforma a la Ley de Ingresos 2025, que permite comprometer ingresos propios como garantía de pago.
La sesión en la que se aprobaron los dictámenes fue extraordinaria y se realizó de manera virtual el pasado 12 de septiembre.
El esquema financiero
El viejo inmueble de la colonia Reforma, donado en 2016 al municipio, será demolido y entregado a un concesionario privado que financiará la obra. El Ayuntamiento, a su vez, se obliga a pagar durante 19 años con recursos públicos, respaldados con participaciones federales e ingresos municipales.
En paralelo, la reforma al artículo 10 de la Ley de Ingresos eliminó la prohibición que impedía afectar los ingresos propios, dándole al Ayuntamiento facultad para comprometerlos como fuente de pago.
Un negocio caro para la ciudad
La justificación oficial señala que el CESEVI permitirá dejar de pagar 24 millones anuales en rentas de oficinas dispersas. Sin embargo, el comparativo del propio dictamen revela que el esquema de concesión costará 1,880 millones en dos décadas, es decir, 720 millones más que seguir rentando.
Esto significa que Oaxaca de Juárez pagará más por una obra que, aunque no se contabiliza como deuda pública, compromete los ingresos municipales a largo plazo.
Raymundo Chagoya, responsable político
Al promover y avalar este modelo, el edil Raymundo Chagoya hipoteca las finanzas municipales y legitima un mecanismo de endeudamiento disfrazado. El discurso de austeridad se contradice con una operación que beneficia a un concesionario privado y compromete los recursos de varias administraciones futuras.
