Detienen a síndico y regidor por retener, amenazar e intimidar a presidenta municipal de Santiago Choápam

Pedro Matías

OAXACA, Oax. (quepasapedro).- Por el delito de violencia política agravada contra las mujeres en razón de género cometida contra la presidenta municipal de Santiago Choápam, Dolores Luciano Valadés, fueron detenidos el síndico municipal, Jorge Méndez Martínez, y el regidor de Hacienda, Avelino Bartolo Cruz, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

Los imputados son acusados de haber amenazado, intimidado y retener a la presidenta municipal para presionarla a firmar un documento donde la obligan a renuncia a su cargo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en junio de 2026, cuando la víctima se encontraba en la cancha municipal de la agencia municipal de Santo Domingo Latani, perteneciente al municipio Santiago Choápam, donde se desarrollaba una reunión con integrantes de la comunidad, autoridades municipales y comunitarias.

Durante este encuentro, la víctima habría sido desacreditada en el ejercicio de sus funciones como presidenta municipal, así como habría sufrido amenazas e intimidación, además de ser retenida contra su voluntad y obligada a firmar un acta donde mediante la cual pretendían hacerla renunciar a su cargo y desconocerla como autoridad municipal. Un día después de firmar el documento, la presidenta fue liberada.

La Fiscalía inició las investigaciones correspondientes bajo perspectiva de género, reconociendo que las agresiones contra mujeres que participan en la vida pública y ejercen cargos de representación constituyen una forma de violencia que busca limitar, menoscabar o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se obtuvieron las órdenes de aprehensión correspondientes, mismas que fueron ejecutadas contra A.B.R. y J.M.M., quienes se desempeñaban como Regidor de Hacienda y Síndico Municipal de la comunidad, respectivamente.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad ministerial, instancia que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía considera que un cargo público no puede convertirse en motivo de violencia, intimidación o exclusión por razones de género.