Con Ray Chagoya, 7 de cada 10 se sienten inseguros en Oaxaca de Juárez
El 70.5% de la población en Oaxaca de Juárez se siente insegura, según el INEGI, evidenciando que la percepción ciudadana no mejora bajo la actual administración municipal
Miguel Ángel Maya Alonso
Oaxaca de Juárez mantiene una de las percepciones de inseguridad más altas del país, en un contexto que pone en entredicho la efectividad de las estrategias implementadas por el gobierno municipal encabezado por Raymundo Chagoya.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI correspondiente a marzo de 2026, el 70.5 por ciento de la población considera inseguro vivir en la capital oaxaqueña, una cifra que supera el promedio nacional, situado en 61.5 por ciento.
El dato refleja no solo una percepción negativa persistente, sino también la falta de resultados contundentes en materia de seguridad pública a nivel municipal, uno de los principales reclamos ciudadanos.
Más allá del indicador general, la encuesta evidencia que la inseguridad se vive con mayor intensidad en los espacios públicos. Apenas el 27 por ciento de la población se siente segura en la calle, mientras que en mercados la percepción de seguridad desciende a 20.3 por ciento, uno de los niveles más bajos entre los espacios evaluados.
En carreteras, solo el 34.9 por ciento de los ciudadanos manifestó sentirse seguro, y en bancos, el 35.7 por ciento, lo que confirma que la desconfianza ciudadana se extiende a prácticamente todos los entornos de interacción cotidiana.
Estos resultados contrastan con la relativa sensación de seguridad en espacios privados, donde el 76.6 por ciento se siente seguro en su hogar y el 68 por ciento en su trabajo, lo que evidencia una ciudad donde la seguridad se percibe como un privilegio limitado al ámbito personal y no como una garantía en el espacio público.
El escenario resulta particularmente relevante en un contexto donde la autoridad municipal tiene entre sus principales responsabilidades la prevención del delito y la generación de condiciones de seguridad en la ciudad.
Sin embargo, los datos del INEGI sugieren que, al menos en términos de percepción ciudadana, los esfuerzos no han logrado revertir la desconfianza social ni mejorar la experiencia cotidiana de seguridad.
La persistencia de estos indicadores plantea cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del gobierno municipal frente a uno de los problemas más sensibles para la población.
A ello se suma el impacto que esta percepción tiene en la vida diaria, desde la movilidad hasta la actividad económica, al limitar la presencia de las personas en espacios públicos y afectar la dinámica social de la capital.
En este contexto, la administración municipal enfrenta el reto no solo de reducir los índices delictivos, sino de recuperar la confianza ciudadana, un indicador que, hasta ahora, continúa en niveles críticos.
