Tren Maya: 11 mil hectáreas deforestadas y daños irreversibles al sistema de cuevas
Juan Carlos Zavala
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza realizó la entrega oficial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la sentencia sobre el caso del proyecto Tren Maya, por los daños ambientales irreparables y por sus impactos sociales y culturales.
La entrega fue realizada por la Secretaria del Tribunal, Natalia Greene, y por Mia Macdonald, directora ejecutiva de Brighter Green, en Nueva York durante la Semana del Clima.
Esta sentencia está dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, a través de la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas.
La sentencia original, emitida en la sesión del Tribunal en Valladolid, México, en marzo de 2023, reconoció de manera irrefutable la violación de los Derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales de los Pueblos Mayas peninsulares, responsabilizando al Estado mexicano por crímenes de ecocidio y etnocidio.
Entre otras medidas, la sentencia ordenó la suspensión inmediata del Tren Maya y la desmilitarización de los territorios indígenas; el cese del despojo de tierras ejidales y territorios y la protección de las personas defensoras de la naturaleza y la declaración de los cenotes como sujetos de derechos, dada su importancia vital para los ecosistemas y comunidades locales.
Así como la reparación integral de ecosistemas y territorios afectados, con auditorías independientes, interculturales e interdisciplinares.
Desde la emisión de esta sentencia, la situación en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya se ha agravado, confirmando las denuncias del Tribunal sobre impactos ambientales, sociales y culturales, incluyendo la fragmentación del territorio y pérdida de conectividad ecológica, deforestación de más de 11 mil hectáreas y daños irreversibles a sistemas de cuevas, impactos negativos sobre manglares y otros ecosistemas, presencia militar que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades mayas y dificulta el acceso a la justicia y violación de derechos culturales, patrimoniales y de consulta previa de los pueblos indígenas.
“A raíz de la misión de observación realizada del 7 al 11 de abril de 2025, de la cual participó el juez del Tribunal Francesco Martone, y cuyos resultados finales se harán públicos en noviembre, el Tribunal actualizó su resolución”, informó.
El Tribunal también se pronunció sobre el caso de las mega-granjas porcinas en Yucatán luego de haber recibido evidencia de los impactos de las mismas, que generan graves violaciones a los Derechos de la Naturaleza y de las comunidades locales.
Estas mega granjas porcinas, precisó, causan la contaminación de agua y suelo, incluyendo el Anillo de Cenotes, principal reserva de agua dulce de la Península de Yucatán; la deforestación masiva de selvas y pérdida de biodiversidad, incluyendo especies en peligro de extinción como el jaguar y el mono araña; violaciones a la salud integral de comunidades humanas y no humanas; y explotación y alteración genética de animales no humanos.
Ante esta situación, el Tribunal resolvió confirmar la sentencia de Valladolid frente a la reiteración de las violaciones de derechos, solicitar moratoria a nuevas mega-granjas porcinas, reducción de factorías existentes y desmantelamiento de granjas en el Anillo de Cenotes.
Además de la adopción de medidas de protección del Anillo de Cenotes como Patrimonio Mundial de la Humanidad, detención de la eutrofización del agua y restauración de suelos contaminados, garantizar el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada de las comunidades Mayas, protección de los derechos de los pueblos Mayas y cese de persecuciones u hostigamientos judiciales y promover una enmienda constitucional en Yucatán que reconozca los derechos de la naturaleza.
