A cuatro años de la desaparición de Claudia Uruchurtu, la justicia sigue ausente
La familia Uruchurtu denunció impunidad tras la liberación de Jhoan Ricardo Matus, exconsejero jurídico de Nochixtlán acusado en el secuestro de Claudia Uruchurtu, y exigió justicia, verdad y reparación a cuatro años de su desaparición forzada
Karen Rojas Kauffmann/EL MURO MX
Ante la liberación de otro de los implicados en el secuestro de la activista oaxaqueña Claudia Uruchurtu Cruz, sus hermanas Elizabeth y Sara emitieron un comunicado en el que exigen nuevamente justicia, verdad y reparación integral del daño a cuatro años de su desaparición forzada, la noche del 26 de marzo de 2021 en Nochixtlán, Oaxaca.
La resolución judicial no sólo echa por tierra uno de los primeros casos en emitir sentencias condenatorias contra servidores públicos municipales, sino que además fortalece la impunidad y protección de Jhoan Ricardo Matus Marcial, exconsejero Jurídico del gobierno que entonces encabezaba Lizbeth Victoria Huerta, ambos emanados y cobijados por Morena.
“Durante más de cuatro años hemos peleado y exigido justicia por la desaparición de nuestra hermana Claudia, pero vemos con tristeza que después de todo este tiempo nada es suficiente, sobre todo cuando te enfrentas al poder fáctico del Estado, ese que controla y manipula los diversos poderes en nuestro país a su antojo”, denunciaron las hermanas Uruchurtu Cruz.
A través de un comunicado la familia Uruchurtu explicó que la resolución de libertad de quien fuera el responsable del área jurídica del gobierno de Nochixtlán, se concedió luego de que la Segunda Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, integrado por las magistradas Sofía Altamirano Rueda, Erika María Rodríguez Rodríguez y el Juez Armando Lustre Núñez, acataran la sentencia de los magistrados Víctor Hugo Cortés Sibaja y Elizabeth Franco Cervantes, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito con residencia en San Bartolo Coyotepec, ordenaran la nueva sentencia.
“Nos preguntamos dónde está la independencia del Poder Judicial, dónde quedan los derechos humanos de las víctimas en los procedimientos judiciales por casos de desaparición forzada, para todas estas interrogantes la respuesta es la misma,
simplemente no existen”, sentenciaron Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz.
Integrantes de Defensores por la Justicia, un equipo de especialistas que ha decidido acompañar a víctimas de violaciones a derechos humanos en Oaxaca, y abogados de la familia Uruchurtu, aseguraron que la liberación de Jhoan Ricardo Matus Marcial, resulta inconcebible pues en tan solo 10 días el primer tribunal colegiado en materia penal revisó más de 14 tomos de expedientes y analizó más de tres meses de videograbaciones de las audiencias para resolver que no había pruebas suficientes”.
Una auditoria pública tardía
De acuerdo con información publicada en Animal Político, durante sus primeros seis meses de gobierno, la ahora exalcaldesa morenista Lizbeth Victoria Huerta, que gobernó de diciembre de 2019 a mayo de 2021, desvió 8 millones 795 mil pesos del presupuesto local, según una auditoría especial realizada sobre 11 millones de pesos entregados a su administración, en dicho periodo.
El monto de este desvío asegura el periódico informativo, equivale al 80% del recurso público ejercido en momento por la exalcaldesa de Nochixtlán y auditado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, ahora llamada Auditoría Superior de Fiscalización del Estado.
Y aunque esta auditoría fue realizada en 2021, a raíz de las denuncias de corrupción promovidas por la activista Claudia Uruchurtu Cruz, quien luego fue víctima de desaparición forzada por agentes del mismo ayuntamiento, el gobierno de Oaxaca ordenó mantener ocultos sus resultados por un periodo de cinco años, hasta marzo de 2025, al considerar que hacerlos públicos obstruiría las actividades de revisión y fiscalización.
El ejercicio de revisión presupuestal, concluyó que la exalcaldesa morenista, desvió el dinero a través de compras simuladas de diversos bienes, sobre los cuales no existe “constancia de recepción y los resguardos correspondientes, por lo que no se comprueba que dichos bienes se encuentren en propiedad y uso del municipio”, según la información publicada.
Aun nos falta Claudia
Cabe recordar que aunque Lizbeth Victoria Huerta también fue procesada penalmente por estos hechos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca determinó que la exalcaldesa no incurrió en el delito de desaparición forzada en calidad de autora intelectual, sino que sólo cometió el delito de “obstrucción de las investigaciones”, emprendidas para esclarecer este crimen, y la benefició con una pena de sólo cuatro años de prisión, que terminó de cumplir en diciembre de 2024.
Tras ésta y la nueva resolución judicial, la familia Uruchurtu dijo que “resulta difícil de comprender que jueces, juezas, magistrados, magistradas y demás operadores del Estado, que hoy permiten la liberación de una persona señalada por
desaparición forzada, no asuman la gravedad de su responsabilidad ni el papel de encubridores que desempeñan frente a uno de los crímenes más atroces y lacerantes de la sociedad mexicana”.
Elizabeth y Sara denunciaron además que “sus resoluciones, lejos de estar sustentadas en un conocimiento profundo del marco legal aplicable, revelan una preocupante ignorancia o negligencia”, porque existe un señalamiento directo y pruebas que resultan suficientes para demostrar la responsabilidad de los perpetradores.
Ignorar los hechos, dijeron las hermanas de la activista víctima de desaparición forzada por servidores públicos en Oaxaca, no sólo perpetúa la impunidad, sino que revictimiza y niega la justicia a quienes más la necesitan. “No vamos a descansar. Aunque la impunidad institucional se levante como un gigante que intenta aplastar nuestra búsqueda, seguiremos adelante”.
