Hallan ejecutados a la defensora Sandra Domínguez y su esposo en fosa clandestina de Veracruz
La Fiscalía de Oaxaca asegura que Sandra Domínguez fue víctima colateral en la ejecución de su esposo, presuntamente vinculado al crimen organizado
Miguel Ángel Maya Alonso
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la localización sin vida de Sandra Estefana Domínguez, defensora de derechos humanos, y de su esposo Alexander Hernández, en una fosa clandestina ubicada en inmediaciones de La Unión Progreso, Tatahuicapan, Veracruz.
De acuerdo con el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, ambos cuerpos presentaban impactos de arma de fuego. La localización fue resultado de un operativo realizado del 22 al 24 de abril de 2025 en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que incluyó cateos en diferentes domicilios. Finalmente, en un rancho ubicado en un camino de terracería en Santiago Sochiapan, Veracruz, los cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina a las 2:00 horas del 24 de abril.
Según el fiscal, la identidad de Alexander Hernández fue corroborada mediante los tatuajes que portaba. Respecto a las circunstancias del crimen, Rodríguez Alamilla afirmó que Sandra Domínguez fue una “víctima colateral”, al considerar que su esposo tenía presuntos vínculos con el crimen organizado.
Rodríguez Alamilla aseguró que el esposo de Sandra Domínguez tenía antecedentes de delitos de extorsión, tráfico de armas y homicidios, y que su ejecución derivó de una disputa por el control de una célula delictiva que opera en Veracruz.
Sandra Domínguez y Alexander Hernández habían sido reportados como desaparecidos desde el 4 de octubre de 2024. De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, fueron vistos por última vez en su domicilio en María Lombardo de Caso, municipio de San Juan Cotzocón, Oaxaca.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si se investigan otras posibles líneas relacionadas con la actividad de Sandra Domínguez como defensora de derechos humanos. Colectivos y organizaciones han reiterado la necesidad de no descartar ninguna hipótesis en casos que involucran a personas defensoras, dado el contexto de violencia que enfrentan en el país.
