Fuentes internas del municipio de Oaxaca de Juárez señalan a Martín Gamboa Guzmán, jefe de la oficina de la presidencia, como una de las figuras clave en la implementación de nuevos impuestos durante la administración de Raymundo Chagoya
Miguel Ángel Maya Alonso
La administración municipal de Oaxaca de Juárez, encabezada por Raymundo Chagoya, ha estado marcada por decisiones polémicas que han generado malestar entre la ciudadanía y los prestadores de servicios del Centro Histórico. Entre ellas, el cobro de impuestos adicionales, incluido el polémico cobro por tomar fotografías en el primer cuadro de la ciudad. De acuerdo con fuentes al interior del municipio, detrás de estas medidas se encuentra Martín Gamboa Guzmán, jefe de la oficina de la presidencia y uno de los personajes más influyentes en el actual gobierno municipal.
Más que un simple funcionario, Gamboa Guzmán se ha consolidado como uno de los asesores más cercanos de Chagoya, participando activamente en la toma de decisiones junto con Noé Jara. Sin embargo, su presencia no es bien vista por todos. Prestadores de servicios y comerciantes del Centro Histórico han manifestado su inconformidad por los nuevos gravámenes que han afectado su economía, así como por la falta de transparencia en su implementación.
Inclusive, en la reunión que sostuvieron fotógrafos con autoridades municipales de Oaxaca de Juárez, con el objetivo de explicar los cobros que han realizado los inspectores a quienes toman fotografías en el Centro Histórico de la ciudad, estuvo presente y a decir de los asistentes es el principal artífice y consejero.
Además, trabajadores del municipio han señalado a Gamboa Guzmán como el responsable de la asignación de proveedores para contratos de hasta 100 mil pesos, un manejo discrecional de recursos que pone en entredicho la legalidad de las adquisiciones del gobierno municipal.
Pero las acusaciones en su contra no terminan ahí. Desde noviembre del 2024 ya presumía de su influencia con el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, cuando presidentes municipales salientes y electos de varias regiones del estado denunciaron presuntas prácticas de extorsión y lavado de dinero por parte de funcionarios de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFE), entre ellos, Sarahí Noriega Hernández, Micaela Guzmán Jiménez y el propio Martín Gamboa Guzmán. Según los denunciantes, este grupo ofrecía “asesoramiento” forzoso a cambio de sumas millonarias para solventar observaciones de auditoría.
El historial de Gamboa Guzmán y su influencia en la administración municipal evidencian una estructura de poder opaca y poco fiscalizada. Mientras los oaxaqueños enfrentan impuestos cada vez más agresivos y medidas restrictivas, en las esferas del poder se mueven intereses que parecen alejarse de la legalidad y la transparencia.
