Aunque reintegró dos millones de pesos, aún quedan pendientes por aclarar más de ocho millones de pesos, según dicta la Auditoría Superior de la Federación
Miguel Ángel Maya Alonso
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), bajo la dirección de Emilio Montero Pérez, realizó pagos por más de 10 millones de pesos a trabajadores que habían sido reportados como fallecidos en 2023 o en años anteriores.
En su tercera entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2023, la ASF informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) transfirió al IEEPO un total de 12 millones 008 mil 800 pesos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. De ese monto, 281 trabajadores beneficiados habían sido identificados como decesos.
Ante las observaciones de la ASF, el IEEPO reintegró a la Federación 2 millones 125 mil 308 pesos y logró comprobar el pago de 1 millón 409 mil 89 pesos. Sin embargo, aún quedan pendientes por aclarar más de 8 millones de pesos.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8 millones 393 mil 429.84 pesos, más los intereses financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos a 53 trabajadores identificados como decesos”, señaló la ASF en su informe.
Irregularidades en contrato de seguridad y vigilancia
Además de las irregularidades en el pago a trabajadores fallecidos, la ASF también señaló inconsistencias en el “Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Integral Especializada” firmado entre el IEEPO y la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial por un monto de 144 millones 998 mil 100 pesos.
Aunque en el acta de entrega-recepción del 28 de agosto de 2023 se reportó la prestación de los servicios acordados, la ASF detectó la falta de evidencias documentales que acreditaran el cumplimiento del contrato. No se presentaron documentos clave como listas de asistencia, bitácoras de actividades ni reportes de supervisión del servicio.
Ante la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado proporcionó documentación que acredita la prestación parcial del servicio en dos regiones por un monto de 76 millones 848 mil 966.50 pesos. No obstante, persiste un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 68 millones 149 mil 083.50 pesos, más los intereses financieros generados desde su disposición hasta su posible reintegro a la Tesorería de la Federación.
