Violencia desatada en Oaxaca y no se usan los recursos disponibles para provenirla

Miguel Ángel Maya Alonso

A pesar de la ola de violencia que azota a Oaxaca, las autoridades encargadas de seguridad pública no utilizan todos los recursos en materia de prevención del delito.

Del de Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) apenas se han utilizado el 53.1 por ciento hasta octubre del 2019, así lo detallan los mecanismos de Evaluación y Transparencias de Recursos Federales en Materia de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En total son 245 millones de pesos los que fueron presupuestados para el FASP en Oaxaca, de los cuales 196 millones de pesos son de aportación federal y 49 de aportación estatal.

El 2019 ha sido un año especialmente complicado en materia de seguridad pública para Oaxaca, con incrementos en los delitos de alto impacto respecto al año anterior, según lo señalan las estadísticas del Gobierno Federal.

El FASP es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública.

Son 78.9 millones los que están en estatus de pagado, ejercido y devengado: 130.10 millones de pesos en pendientes por aplicar y 36 millones se catalogan como comprometidos, de acuerdo con el informe del SESNSP.

A nivel nacional, el 41.29 por ciento de los recursos ha sido ejercidos o pagados, el 29.81 por ciento ha sido comprometido, y el 28.9 por ciento se encuentra en el estatus de pendiente por aplicar.

Los recursos deben ser utilizados en prevención social, desarrollo y certificación policial, infraestructura y equipamiento, sistema de justicia penal, sistema penitenciario y de justicia para adolescentes, ciencias forenses, sistema nacional de información, 911, prevención del delito de alto impacto, búsqueda de personas y seguimiento y evaluación.

“No hay mayor deficiencia en el desempeño de un servidor público que no alcanzar las metas y objetivos sociales de un programa o acción, por no utilizar los recursos disponibles para ello”, señaló el grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en su exposición de motivos para reformar el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2016.

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